La Secretaría de Energía no realizó campañas públicas, junto con las distribuidoras de esos servicios públicos, para informar a la población que resultaría afectada si no se empadronaba.
La decisión del gobierno nacional de reducir drástica y velozmente los subsidios al consumo de los servicios públicos de luz y gas incluyó la negativa a hacer campañas públicas para que 1,7 millones de usuarios vulnerables conocieran la necesidad de empadronarse.
El resultado ha sido que ahora, 1,4 millones de esos usuarios –es decir, el 82%– no se empadronó y perderá los subsidios a sus consumos de luz y gas a partir de diciembre.
En su afán de quitar los subsidios, la administración de ultraderecha impuso en junio pasado un nuevo criterio restrictivo: los usuarios que, por tener tarifa social, fueron incluidos en forma automática en el nivel 2 de la segmentación tarifaria (el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, RASE) en 2022, debían empadronarse.
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